Ayer, 18 de Febrero, el Estado de Derecho de este país ha recibido un duro golpe en su delicada labor de mantener la estabilidad y el rigor necesario para convencer de que su sistema es el más adecuado para los tiempos que corren en este planeta. Ayer los jueces de este pais o una parte considerable de dicho sector ha comenzado una jornada de huelga. Un derecho a huelga que el propio Consejo Superior del Poder Judicial ha denegado, por lo que no solo estos jueces han plantado al Estado de Derecho sino también al máximo órgano del poder judicial que les rige.
Creo que es un hecho que los representantes de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial sobre los que se cimienta el Estado de Derecho no pueden hacer huelga. Aunque suene extraño no son trabajadores como el resto de trabajadores de cualquier país democrático basado en el tan vendido Estado de Derecho. Son representantes populares elegidos por los ciudadanos mediante el famoso sufragio universal. No han sido contratados por la población del país, sino elegidos por éstos para que realicen las labores que sus puestos requieren.
Alguien se imagina al Ministro Bermejo hacer huelga porque considera deshonesto la persecución que sufre tras la desafortunada e inoportuna coincidencia en su última salida de caza. Que se están atentando sus derechos por lo que decide ponerse en huelga. Es inaudito que el conjunto de ministros hagan huelga, o los diputados, o los senadores, o el presidente del congreso e incluso el presidente del gobierno. Todo cargo público debería estar exento del derecho a hacer huelga o manifestarse. Por eso considero como tercer poder los jueces no tiene el derecho de huelga. Lo que no quita que puedan tener razón en sus reivindicaciones, de que el sistema judicial está obsoleto y necesita urgentemente ser actualizado y modernizado. Pero esto no justifica que se agarren a un derecho que ni la constitución les reconoce.
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